La paralización de la actividad económica por la declaración del estado de alarma afectó también al negocio inmobiliario. Pero, a diferencia de lo que ocurrió en la crisis de 2007, el residencial ha sido uno de los sectores menos perjudicados. Al menos por ahora. La imposibilidad de salir a la calle, el cierre de las agencias inmobiliarias y la limitación de la actividad en las notarías impidió el normal funcionamiento de las visitas presenciales de los compradores a los inmuebles y la firma de nuevas compraventas. Pero, al mismo tiempo, parte del sector pudo mantener su actividad adaptándose a las nuevas exigencias sanitarias.
Exceptuando dos semanas de paro obligado a principios de abril, las obras de construcción de viviendas han permanecido en marcha. Además, la apuesta tecnológica tanto de grandes promotoras como de las plataformas de intermediación en el ámbito de las visitas virtuales de las viviendas se ha demostrado muy útil para avanzar en el proceso de información por parte del comprador en un momento en que la presencia física se tornaba imposible.
Desde nuestra experiencia directa como mayor empresa de valoración inmobiliaria en España, Tinsa también ha seguido prestando servicio todo este tiempo de confinamiento. Por un lado, realizando visitas de inmuebles, tanto exteriores como interiores cuando se ha permitido el acceso de los tasadores. Y, por otro lado, también dando continuidad a los trabajos de project monitoring, un servicio que en los últimos tiempos es compañero inseparable de cualquier proyecto inmobiliario.
Este control de los ingresos y los gastos durante el desarrollo de una promoción, desde la adquisición del suelo hasta la entrega final del inmueble, se convirtió en un servicio indispensable con la reanudación de la actividad tras la crisis de 2007. Concretamente en nuestra experiencia. la actividad de Tinsa en la división de Project Monitoring se ha triplicado en los últimos tres años, desde 2017.
Realizado por un equipo de consultoría técnica independiente tanto de la entidad financiera como de la promotora, el project monitoring aporta un análisis periódico, fiable y objetivo, que permite detectar riesgos actuales o potenciales, así como medidas correctoras para lograr el objetivo previsto sin desviaciones de plazo o presupuesto, garantizando la consecución y éxito del proyecto. ¿Cómo? Asegurando que las disposiciones de crédito se destinan a cubrir gastos generados en la promoción y supervisando el desarrollo de todos los trámites técnico-administrativos.
De los varios centenares de promociones que está monitorizando Tinsa en todo el país, la práctica totalidad retomó su actividad al acabar las dos semanas de cierre tras la Semana Santa y los que se retrasaron lo hicieron a las pocas semanas. La necesidad de acabar y entregar los proyectos en tiempo y forma ha obligado a desplegar una intensa actividad en el trimestre.
Ya en 2019 la quiebra de algunas promotoras había puesto en alerta al sector. Las tensiones de caja y el empeoramiento de la situación financiera del tejido empresarial con motivo de la crisis generada por la COVID-19 han llevado en muchos casos a incrementar el control y seguimiento en las obras mediante monitorizaciones de intensidad superior, que garantizan incluso que las disposiciones aportadas por la entidad financiera se destinan al pago de las subcontratas, el eslabón más débil de la cadena del desarrollo y la promoción inmobiliaria.
El project monitoring refuerza en estos días, por tanto, su papel de aliado del promotor y “auditor” delegado de las entidades financieras en las promociones, como una herramienta para garantizar el buen desarrollo del proyecto.
Una vez superado lo más duro de la crisis, volverá a ponerse en valor el papel del project monitoring también en el ámbito de la construcción sostenible, caracterizada por la excelencia energética y que en algunos casos puede tener supeditada su financiación al cumplimiento de determinados parámetros ‘verdes’. La supervisión técnica será el mecanismo idóneo para asesorar a los promotores en ese escenario y permitirá a las entidades financieras tener una garantía de que los proyectos que financian mantienen el estándar de eficiencia exigido a lo largo de la ejecución.
