Los datos de certificaciones de obra publicadas por el Ministerio de Transportes ponen de manifiesto que la iniciativa privada ha impulsado el 98% de las viviendas construidas en España desde que se tienen registros (año 1992). Si miramos los datos del último año, 2021, el 97,6% de los edificios residenciales con certificado final de obra fue impulsada por la iniciativa privada y un 2,4% por el sector público.
Se trata de una proporción bastante estable en los últimos 30 años. Desde 2017, la promoción pública de vivienda en España se ha movido siempre en una horquilla entre el 2% y el 2,7% del nuevo parque construido. Los periodos donde esta proporción aumentó se sitúan principalmente en la crisis financiera e inmobiliaria, entre 2010 y 2014, donde puntualmente la iniciativa pública de promoción de vivienda llegó a alcanzar en varios meses consecutivos tasas entre el 3% y el 6,5% del total. Al contrario, en el periodo entre 2001 y 2008, donde se encuadra la burbuja inmobiliaria, la aportación pública no alcanzaba el 2% del total de nuevas edificaciones y, en ciertos meses, ni siquiera el 1%.
Volviendo a la foto global de los últimos 30 años, dentro de los edificios visados de manos de la iniciativa privada el protagonismo lo ostentan mayoritariamente las personas físicas y comunidades de propietarios, lo que conocemos como autopromoción: dos tercios de los visados de edificios residenciales se llevaron a cabo bajo esta fórmula. A continuación, las sociedades mercantiles firman una cuarta parte de los edificios. Y con un menor protagonismo las cooperativas, con un 0,9 %, y otras fórmulas, con un 2,4 %.
La razón de la exigua aportación de los entes públicos al parque residencial, centrado en la vivienda protegida, ha sido la falta de dotación presupuestaria. Pasados los años del desarrollismo, allá por la década de los 60, cuando se construyeron millones de nuevas viviendas para las familias que emigraban del campo a la cuidad, no se ha destinado presupuesto público para producir viviendas.
Estas partidas presupuestarias tendrían que ser elevadísimas porque la producción de viviendas tiene unos costes muy altos. De hecho, la vivienda es uno de los bienes más caros, si no el más caro, que una persona va a adquirir a lo largo de su vida. El destino de los presupuestos públicos tomó otras direcciones y la actividad promotora quedó en manos de la inversión privada.
Así lo hemos comentado en la sección El Dato de Capital Radio:
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